Columna de opinión de Johannes Rehner, investigador principal ICLAC y director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile
El contenido de la Estrategia Nacional de Litio (abril 2023) despertó cierta crítica con respecto a la incidencia del Estado en decisiones económicas y su participación directa en la extracción y procesamiento de materia prima.
Tal crítica es familiar, aunque dicha incidencia es muy común en otros países; pero en esta instancia resulta llamativa, porque en el caso de este metal estratégico el papel estatal se manifiesta en los contratos con SQM y con Albemarle: aquí el royalty está implementado desde 2016 y sobrepasa por lejos el recién aprobado en el Congreso (3,5% vs 1%). Además, las empresas comprometieron invertir millones de US$ en la ciencia e incluso se establece venta doméstica del material extraído para lograr un encadenamiento productivo en Chile. La experiencia internacional da sustento para tales incidencias estatales.
“El ejemplo de países asiáticos muestra que puede ser normal que el Estado convoque agentes económicos interesados y decida estratégicamente cómo proceder, valorando las opciones”.
Historias de éxito como las de Japón, Corea del Sur, Taiwán y China han compartido –con temporalidades variables y sistemas políticos diferentes– rasgos del “desarrollismo asiático”. Este reconoce el rol fundamental de las empresas, se basa en la búsqueda de competitividad, fomenta el comercio internacional para aumentar el capital e impulsa la innovación para evitar la “trampa del ingreso medio”. Sin embargo, al desprecio ideológico y la demonización del Estado, comúnmente encontrados en Chile, les resulta ajeno al desarrollismo asiático.
Ni Japón, ni Corea y mucho menos China nunca han confiado completamente en el mercado para la óptima asignación de recursos, y el Estado marcó las pautas de desarrollo a largo plazo. Las alianzas público-privadas y la intervención estratégica del Estado han sido la base de su éxito industrial y significan frecuentemente medidas que aquí se calificarían como intervencionismo.
El sector del litio presenta una oportunidad para ir más allá de otorgar permisos de extracción y recibir impuestos: pensar en el desarrollo y evaluar las opciones, beneficios y externalidades negativas. En el litio esto es relevante por razones parcialmente contradictorias: la proyección de demanda asiática por litio es muy alta, pero pocos se atreven a pronosticar más allá de 2035 por las alternativas tecnológicas que puedan hacerse viables; el mineral juega un papel clave para enfrentar el cambio climático y fomentar energía limpia y renovable, pero tiene impactos masivos en los ecosistemas de los salares, frágiles y poco estudiados.
El ejemplo de países asiáticos muestra que puede ser normal que el Estado convoque agentes económicos interesados y decida estratégicamente cómo proceder, valorando las opciones. Esto, por su propia responsabilidad, o por lo menos, por ser propietario de los recursos. El concepto de que empresas estatales no generan renta es falso, como los aportes de CODELCO al Fisco muestran de manera contundente; y el recurrente argumento de que las empresas extranjeras no invertirán si el Estado implementa pagos importantes u obliga a la colaboración carece de sustento, especialmente en la minería.