Autoras: María Elvira Ríos, Janny Figueroa Ayala y Andrea Freites (2023)
Resumen: Este estudio examina el caso de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la región del Biobío, Chile. Inicialmente operada por Atiaia Energía Spa, una empresa brasileña, el proyecto fue posteriormente adquirido en 2018 por la empresa Rucalhue Energía Spa, propiedad de China International Water & Electric (en adelante CWE), subsidiaria de la transnacional China Three Gorges Corporation.
En el contexto de los estudios sobre el impacto de China en América Latina, este caso es crucial por tres razones. Primero, representa el primer proyecto ejecutado por CWE en Chile, tras ganar la licitación la 14ª Oficina de Energía Hidroeléctrica en China, abriendo posibilidades para su expansión en la región. Segundo, el proyecto de CWE ha sido señalado en un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA, 2022) como una iniciativa que ha afectado los derechos del medio ambiente, pueblos indígenas y la situación civil y política, impactando negativamente en ecosistemas frágiles.
Este análisis se centra en la observación detallada del caso, prestando especial atención al impacto sociocultural generado por el conflicto histórico en la zona de instalación de la central hidroeléctrica. A pesar de estar alineado con las políticas energéticas del país y respaldado por una Resolución de Calificación Ambiental (en adelante RCA) otorgada en 2016, la empresa china se ha enfrentado a obstáculos significativos, incluyendo acciones legales y denuncias que han complicado la ejecución del proyecto.
La tercera consideración importante es que el caso de la Central Hidroeléctrica Rucalhue revela la falta de una adecuada gobernanza medioambiental en las comunas chilenas. En gran medida, esto se debe a que, en primer lugar, la ley eléctrica chilena concede derechos de propiedad sobre el agua a los propietarios de centrales hidroeléctricas, prevaleciendo sobre la ley de aguas y, al mismo tiempo, afectando a la sustentabilidad de este recurso y su gobernanza (Bauer, 2009). A su vez, la política neoliberal de un Estado subsidiario convierte a la política social en un ejercicio fragmentado y asistencialista, presuponiendo que los actores privados proveerán a la población (Codoceo y Muñoz, 2017).
Entonces, la manera de abordar los daños ecosistémicos que producen estos proyectos, sobre todo en sectores rurales y considerados dentro del rango de pobreza, carece de una perspectiva integral. Las prácticas con orientación asistencialista, donde los agentes productivos son vistos más como beneficiarios pasivos que como sujetos de derechos y participación en la toma de decisiones (Correa y Dini, 2019: 57), se han convertido en la respuesta común para paliar los impactos negativos de estos desarrollos. Este enfoque asistencialista, en muchos casos, se extiende a los sectores empresariales involucrados, sin considerar plenamente su potencial papel activo en la búsqueda de soluciones más sostenibles y equitativas.
A pesar de las modificaciones realizadas por Rucalhue Energía Spa de la CWE, que incluyen mejoras en términos de daño medioambiental y una ganancia neta de biodiversidad, el peso del conflicto histórico en torno a la cuenca del río Biobío, las comunidades pehuenche y la defensa de la cuenca, sugiere que las acciones emprendidas aumentarán la vulnerabilidad del ecosistema y surgirán nuevas incertidumbres en el territorio.