Autor: Eugenio Sánchez (2026)
Resumen: La inversión extranjera directa (IED) ha sido durante décadas uno de los principales motores de la globalización económica. Gracias a los avances tecnológicos y a un entorno político favorable en la segunda mitad del siglo XX, la fragmentación transfronteriza de la producción —por la cual las distintas etapas de un proceso productivo se localizan en varios países— se ha intensificado considerablemente en las últimas décadas (Brooks, 2007; Hanson, 2001). Sin embargo, los últimos años han sido testigos de un cambio notable en la forma en que muchos gobiernos conciben su política hacia la IED. En concreto, un número creciente de países ha comenzado a implementar nuevos mecanismos de control de inversiones (MCI) o a reforzar los ya existentes (Bauerle Danzman & Meunier, 2023; Calcara & Poletti, 2023; Doppen et al., 2024). Un MCI es un instrumento jurídico que los gobiernos receptores utilizan para revisar y, en su caso, bloquear la IED cuando esta representa un riesgo potencial para la seguridad nacional.
En la literatura académica existe un consenso generalizado en torno a la idea de que el giro hacia los MCI puede explicarse por la reemergencia de China como gran potencia y su nuevo papel como uno de los principales inversores a escala global (Bauerle Danzman & Meunier, 2023; Canes-Wrone et al., 2020; Meunier, 2019; Tingley et al., 2015). Muchos de los países que han reforzado recientemente sus mecanismos de control de inversiones en el contexto del ascenso chino comparten una preocupación común: China no es un aliado en materia de seguridad,1 lo que convierte a la IED proveniente de Pekín en algo intrínsecamente más delicado (Meunier, 2014). Las adquisiciones por parte de un Estado no aliado en sectores de doble uso o de carácter estratégico conllevan el riesgo de facilitar el espionaje o la transferencia de tecnologías de vanguardia a un país situado fuera del propio marco de alianzas (Meunier, 2018). En la misma línea, una dependencia excesiva de un Estado no aliado como fuente de IED puede generar vulnerabilidades frente a la coerción económica (Otero-Iglesias & Weissenegger, 2019). Estas preocupaciones se ven amplificadas por el singular sistema político-económico chino, caracterizado por una presencia significativa de empresas estatales y de empresas privadas con estrechos vínculos con el gobierno central en Pekín, lo que dificulta a los países receptores determinar si una inversión determinada obedece a fines comerciales o estratégicos (Meunier, 2015, 2019).