El martes 29 de septiembre se llevó a cabo un nuevo seminario del Centro de Estudios Asiáticos UC (CEA UC), que tuvo como expositora a Andrea Freites (安德烈亚·弗雷特斯）, doctora en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Núcleo Milenio ICLAC.
Bajo la ponencia titulada “Dinámicas de Poder Estructural Estado-Empresas”, la investigadora abordó cómo el auge de las inversiones del país asiático ha incidido en la implementación de la regulación ambiental en Chile durante el período 2013-2023. Durante su presentación, Freites explicó que este capital cuenta con un rasgo distintivo frente a sus competidores occidentales, caracterizado por un fuerte respaldo estatal mediante mecanismos de financiamiento de bancos políticos chinos y apoyo diplomático.
Al analizar el despliegue de estas firmas, la investigación de Freites consideró un análisis cuantitativo de 67 conflictos socioambientales, donde siete de estos casos involucraron directamente al gigante asiático. Uno de los hallazgos más relevantes presentados por la académica señala que, si bien estas firmas chinas no generan una mayor probabilidad de ocurrencia de conflictos en comparación con otras empresas occidentales o chilenas, cuando estos ocurren suelen ser de mayor intensidad.
Casos de estudio
Para ilustrar cómo operan estas dinámicas en el territorio nacional, la experta detalló tres casos de estudio específicos: la construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue, la adquisición de Australis Seafood por parte de la empresa Joyvio, y la participación de Tianqi Lithium. A través de estos ejemplos, analizó cómo interactúan el “poder estructural” propio de las grandes corporaciones y el “poder instrumental” (reflejado en la actividad de lobby, la capacidad de establecer relaciones con tomadores de decisiones y el despliegue de estrategias comunicacionales) frente a los bloqueos o facilidades de la institucionalidad chilena.
Finalmente, la investigadora propuso el concepto de “codependencia estructural ampliada” para explicar la interdependencia simétrica y mutua que se genera entre los distintos actores involucrados. Según argumentó Freites, el Estado chileno requiere de esta inversión para sostener su modelo extractivo exportador, mientras que las empresas chinas necesitan alcanzar legitimidad regulatoria en el país receptor para poder mantener sus operaciones, todo esto en un escenario donde las comunidades locales actúan como árbitros parciales que moderan los resultados.
El encuentro, realizado en la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política UC, congregó a asistentes interesados en los estudios asiáticos y las relaciones internacionales, concluyendo con un espacio de diálogo y preguntas sobre los desafíos metodológicos, el rol de los distintos gobiernos en los conflictos y el futuro de estas investigaciones.
