Authors: Daniel Alcatruz & Francisco Urdinez (2026)
Abstract: El presente policy brief analiza la actividad de lobby de actores de origen chino ante el Estado chileno a partir de los registros públicos disponibles en InfoLobby, en cumplimiento de la Ley N° 20.730 que regula el lobby y las gestiones de intereses particulares. De un universo de 869.340 audiencias registradas en la plataforma, se identificaron 910 que involucran a actores de origen chino, correspondientes a 154 organismos del Estado y un período que abarca desde 2015 hasta 2025.
La crisis diplomática desatada en febrero de 2026 a raíz del proyecto de cable submarino Chile-China Express, que derivó en la revocación de visas a funcionarios chilenos por parte de Estados Unidos, puso en evidencia una paradoja que este documento busca explorar: la actividad de actores chinos ante el Estado estaba registrada, pero no era legible. Los datos existían en InfoLobby, las reuniones declaradas, los nombres consignados, pero la descripción de las materias tratadas rara vez permite reconstruir con claridad qué se gestionó, en nombre de quién, y con qué propósito real. CMI Chile SpA, la filial del consorcio detrás del cable, registró cuatro audiencias ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones con descripciones como “presentación empresa” o “marco normativo telecom”. Estas descripciones son problemáticas no solo por su vaguedad, sino porque la Ley N° 20.730 exige que el registro individualice “la materia específica tratada”, un estándar que claramente no se cumple cuando la descripción no permite distinguir si se discutió una ruta de tendido, un régimen tarifario, una concesión de aterrizaje o un plazo de ejecución. Lo que el registro sí permite inferir, cruzando las fechas con la cronología documentada por la prensa, es que al menos una de esas audiencias, la del 16 de diciembre de 2025, ocurrió tres semanas antes de que se firmara el decreto de concesión. El registro no dice qué se acordó. El cumplimiento formal de la ley no equivale a transparencia sustantiva. Con todo, el caso del cable es solo un ejemplo: el análisis empírico que sigue cubre 910 audiencias distribuidas en 154 organismos del Estado durante once años, con independencia de ese proyecto específico.
Este documento no pretende establecer conclusiones definitivas sobre el lobby chino en Chile, sino explorar qué luces y qué sombras arrojan los datos disponibles. Las luces: es posible identificar patrones de presencia, concentración sectorial y velocidad de acceso que, mirados en conjunto, son informativos. Las sombras: lo que se registra es la existencia de una reunión, no su contenido real; lo público es apenas la punta del iceberg de una trama que probablemente incluye contactos informales, correos, viajes y reuniones sin registro. La pregunta que organiza este documento no es si el lobby chino era rastreable, sino qué tanto nos dice el registro cuando finalmente lo miramos y qué deberíamos aprender al respecto.
Las conclusiones del caso son extrapolables al lobby extranjero de otras nacionalidades. Sin embargo, es esperable que el lobby chino se vuelva más sofisticado y frecuente en las próximas décadas, conforme se consolide el rol de China como principal socio económico de Chile. Dos casos recientes ilustran la relevancia del tema. En Chile, la investigación por presunto tráfico de influencias contra la diputada Karol Cariola (PC) reveló gestiones no registradas en la Ley de Lobby en favor del empresario chino Bo Yang, vinculado al barrio comercial de Meiggs, una trama de contactos informales entre actores políticos y empresarios chinos que operaba al margen de los mecanismos de transparencia. En Perú, el escándalo conocido como “chifagate” en el que el presidente interino José Jerí sostuvo reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang, titular de una concesión energética, contribuyó a su destitución por el Congreso en febrero de 2026, junto a otros escándalos de corrupción.